¿Desglobalización?

Boaventura de Sousa Santos

En círculos académicos y en artículos de opinión publicados en los grandes medios de comunicación se ha mencionado con frecuencia que estamos entrando en un periodo de reversión de los procesos de globalización que han dominado la economía, la política, la cultura y las relaciones internacionales en los pasados 50 años. Se entiende por globalización la intensificación de las interacciones trasnacionales más allá de lo que siempre fueron las relaciones entre estados nacionales, las relaciones internacionales o las relaciones en el interior de los imperios, tanto antiguos como modernos. Son interacciones que no están, en general, protagonizadas por los Estados, sino por agentes económicos y sociales en los ámbitos más diversos. Cuando están protagonizadas por los Estados, pretenden cercenar la soberanía del Estado en la regulación social, sean los tratados de libre comercio, la integración regional, de la que la Unión Europea es un buen ejemplo, o la creación de agencias financieras multilaterales, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

Escribiendo hace más de 20 años, dediqué al tema muchas páginas y llamé la atención sobre la complejidad e incluso el carácter contradictorio de la realidad que se aglomeraba bajo el término globalización. En primer lugar, mucho de lo que se consideraba global había sido originalmente local o nacional, desde la hamburguesa tipo McDonald’s, que había nacido en una pequeña localidad del oeste de Estados Unidos, al estrellato cinematográfico, activamente producido al principio por Hollywood para rivalizar con las concepciones del cine francés e italiano que antes dominaban, o incluso la democracia como régimen político globalmente legítimo, ya que el tipo de democracia globalizada fue la democracia liberal de matriz europea y estadunidense en su versión neoliberal, más la segunda que la primera.

En segundo lugar, la globalización, al contrario de lo que el nombre sugería, no eliminaba las desigualdades sociales y las jerarquías entre los diferentes países o regiones del mundo. Más bien, tendía a fortalecerlas.

En tercer lugar, la globalización producía víctimas (normalmente ausentes en los discursos de los promotores de la globalización) que tendrían ahora menor protección del Estado, ya fueran trabajadores industriales, campesinos, culturas nacionales o locales, etcétera.

En cuarto lugar, a causa de la dinámica de la globalización, las víctimas quedaban más sujetas a sus localidades y en la mayoría de casos sólo salían de ellas forzadas (refugiados, desplazados internos y transfronterizos) o falsamente por voluntad propia (emigrantes). Llamé a estos procesos contradictorios globalismos localizados y localismos globalizados.

En quinto lugar, la resistencia de las víctimas se beneficiaba a veces de las nuevas condiciones tecnológicas ofrecidas por la globalización hegemónica (transportes más baratos, facilidades de circulación, Internet, repertorios de narrativas potencialmente emancipadoras, por ejemplo, los derechos humanos) y se organizaba en movimientos y en organizaciones sociales trasnacionales. Llamé a estos procesos globalización contrahegemónica y en ella distinguí el cosmopolitismo subalterno y el patrimonio común de la humanidad o ius humanitatis. La manifestación más visible de este tipo de globalización fue el Foro Social Mundial, que se reunió por primera vez en 2001 en Porto Alegre, Brasil, y del que fui un participante muy activo desde el inicio.

¿Qué hay de nuevo y por qué se diagnostica como desglobalización? Las manifestaciones referidas son dinámicas nacionales y subnacionales. En cuanto a las primeras, se subraya el Brexit, por el que el Reino Unido (¿?) decidió abandonar la Unión Europea (UE), y las políticas proteccionistas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, así como su defensa del principio de soberanía, oponiéndose a los tratados internacionales (sobre el libre comercio o el cambio climático), mandando erigir muros para proteger fronteras, involucrándose en guerras comerciales, entre otras, con Canadá, China y México.

En lo que se refiere a las dinámicas subnacionales, estamos ante el cuestionamiento de las fronteras nacionales que resultaron en tiempos y circunstancias históricas muy distintas: las guerras europeas, desde la Guerra de los Treinta Años y el consecuente Tratado de Westfalia (1648) hasta las del siglo XX que, debido al colonialismo, se transformaron en mundiales (1914-1918 y 1939-1945); el primer (¿quizá segundo?) reparto de África en la Conferencia de Berlín (1884-1885); las guerras de fronteras en los nuevos estados independientes de América Latina a partir de principios del siglo XIX. Se asiste a la emergencia o reactivación de la afirmación de identidades nacionales o religiosas en lucha por la secesión o el autogobierno en el interior de estados, de hecho, plurinacionales. Entre muchos ejemplos: las luchas de Cachemira, de Irlanda del Norte, de varias nacionalidades en el interior del Estado español, de Senegal, de Nigeria, de Somalia, de Eritrea, Etiopía y de los movimientos los indígenas de América Latina. Está también el caso trágico del Estado ocupado de Palestina. Algunos de estos procesos parecen (¿provisionalmente?) terminados, por ejemplo, la fragmentación de los Balcanes o la división de Sudán. Otros se mantienen latentes o fuera del radar de los medios de comunicación (Quebec, Escocia, Cachemira) y otros han explotado de forma dramática en las semanas recientes, sobre todo los referéndums en Cataluña, el Kurdistán iraquí y Camerún.

En mi criterio, estos fenómenos, lejos de configurar procesos de desglobalización, constituyen manifestaciones, como siempre contradictorias, de una nueva fase de la globalización más dramática, excluyente y peligrosa para la convivencia democrática, si es que no implican su fin. Algunos de ellos, contrariamente a las apariencias, son afirmaciones de la lógica hegemónica de la nueva fase, mientras otros constituyen una intensificación de la resistencia a esa lógica. Antes de referirme a unos y otros, es importante contextualizarlos a la luz de las características subyacentes a la nueva fase de globalización. Si analizamos los datos de la globalización de la economía, concluiremos que la liberalización y la privatización de la economía continúan intensificándose con la orgía de tratados de libre comercio en curso. La Unión Europea acaba de acordar con Canadá un vasto tratado de libre comercio, el cual, entre otros temas, expondrá la alimentación de los europeos a productos tóxicos prohibidos en Europa, pero permitidos en Canadá, un tratado cuyo principal objetivo es presionar a Estados Unidos para que forme parte. Fue ya aprobada la Alianza Transpacífica, liderada por Estados Unidos, para enfrentar a su principal rival: China. Y toda una nueva generación de tratados de libre comercio está en curso, negociados fuera de la Organización Mundial del Comercio, sobre la liberalización y la privatización de servicios que en muchos países hoy son públicos, como la salud y la educación. Si analizamos el sistema financiero, verificaremos que estamos ante el sector más globalizado del capital y más inmune a las regulaciones nacionales.

Los datos que son de conocimiento público resultan alarmantes: 28 empresas del sector financiero controlan 50 trillones de dólares, esto es, tres cuartas partes de la riqueza del mundo contabilizada (el PIB mundial es de 80 trillones y además habrá otros 20 trillones en paraísos fiscales). La gran mayoría de esas instituciones está registrada en América del Norte y en Europa. Su poder tiene también otra fuente: la rentabilidad de la inversión productiva (industrial) a escala mundial es, como máximo, de 2,5 por ciento, en 0tanto que la de la inversión financiera puede llegar a 7 porciento. Se trata de un sistema para el cual la soberanía de 200 potenciales reguladores nacionales es irrelevante.

Ante esto, no me parece que estemos en un momento de desglobalización. Estamos más bien delante de nuevas manifestaciones de la globalización, algunas de ellas muy peligrosas y patológicas. La apelación al principio de soberanía por parte del presidente de Estados Unidos es sólo la huella de las desigualdades entre naciones que la globalización neoliberal ha venido a acentuar. Al mismo tiempo que defiende el principio de soberanía, Trump se reserva el derecho de invadir Irán y Corea del Norte. Tras haber destruido la relativa coherencia de la economía mexicana con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y provocado la emigración, Estados Unidos manda construir un muro para frenarla y pide a los mexicanos que paguen su construcción. Ello, además de ordenar deportaciones en masa. En ninguno de estos casos es pensable una política igual, pero de sentido inverso. El principio de la soberanía dominante surgió antes en la Unión Europea con el modo como Alemania puso sus intereses soberanos (esto es, del Deutsche Bank) por encima de los intereses de los países del sur de Europa y de la UE. La soberanía dominante, combinada con la autorregulación global del capital financiero, da lugar a fenómenos tan diversos como el subfinanciamiento de los sistemas públicos de salud y educación, la precarización de las relaciones labores, la llamada crisis de los refugiados, los estados fallidos, el descontrol del calentamiento global, los nacionalismos conservadores. Las resistencias tienen señales políticas diferentes, pero a veces asumen formas semejantes, lo que está en el origen de la llamada crisis de la distinción entre izquierda y derecha. De hecho, esta crisis es el resultado de que alguna izquierda haya aceptado la ortodoxia neoliberal dominada por el capital financiero y hasta se haya autoflagelado con la idea de que la defensa de los servicios públicos era populismo. Esta es una política de derecha, particularmente cuando ésta puede atribuirla con éxito a la izquierda. Residen aquí muchos de los problemas que enfrentan los estados nacionales. Incapaces de garantizar la protección y el mínimo bienestar de los ciudadanos, responden con represión a la legítima resistencia de los habitantes.

Ocurre que la mayoría de esos estados son, de hecho, plurinacionales. Incluyen pueblos de diferentes nacionalidades etnoculturales y lingüísticas. Fueron declarados nacionales por la imposición de una nacionalidad sobre otras, a veces de modo muy violento. Las primeras víctimas de ese nacionalismo interno arrogante, que casi siempre se tradujo en colonialismo interno, fueron el pueblo andaluz después de la llamada Reconquista de Al-Ándalus, los pueblos indígenas de las Américas y los pueblos africanos después del reparto de África. Fueron también ellos los primeros en resistir. Hoy, la resistencia junta a las raíces históricas el aumento de la represión y la corrupción endémica de los estados dominados por fuerzas conservadoras al servicio del neoliberalismo global. A ello se añade el hecho de que la paranoia de la vigilancia y la seguridad interna ha contribuido, bajo pretexto de la lucha contra el terrorismo, al debilitamiento de la globalización contrahegemónica de los movimientos sociales, lo cual dificulta sus movimientos transfronterizos. Por todo esto, la globalización hegemónica se profundiza usando, entre muchas otras máscaras, la de la soberanía dominante, que académicos desprevenidos y medios de comunicación cómplices toman por desglobalización.

Fuente: Cubadebate

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EU 2018 y 2020 ¿Otra guerra electorera?

John Saxe-Fernández

Hoy no es novedad el vínculo de la diplomacia de fuerza desplegada por el régimen de alta militarización de Trump contra Irán, Corea del Norte y Venezuela, y los comicios legislativos de 2018 en que los republicanos se juegan el control del Senado, de la Cámara de Representantes y las presidenciales de 2020. Gestar una guerra de agresión, electorera, como vimos en la relección de Bush/Cheney, todo un crimen de lesa humanidad, ha sido ingrediente usado por candidatos y mandatarios de Estados Unidos en pos de la Casa Blanca. Con la geopolitización de las relaciones económicas internacionales, entre los principales precipitantes de guerra mundial (A. Milward, 1986) Trump busca repetir aquello de que ante una amenaza externa la población se adhiere al presidente con alto efecto electoral, máxime en una economía permanente de guerra a la que le es esencial la movilización de recursos humanos y materiales contra enemigos internos o externos, reales o fabricados. (Sobre los costos y corrupción del sistema ver: Marcus Raskin y G. D. Squires “America’s Warfare Welfare State”, The Nation octubre 2012).

Sin embargo, cuando esto ocurre en un contexto de estancamiento secular con pobreza al alza, magna desigualdad salarial, económico-social y bajo creciente oligarquización del poder, la agresión de clase y la unilateralidad bélica es un coctel de alto riesgo doméstico y externo. Según estudio del Centro Stanford sobre Pobreza e inequidad, en los pasados 30 años la inequidad salarial en Estados Unidos se acercaba en 2011 al nivel extremo prevaleciente antes de la Gran Depresión, mientras la diferencia entre el sueldo de los gerentes y el sueldo promedio de un trabajador industrial o de producción pasó de 24 veces en 1965 a 185 veces en 2009. La concentración de la riqueza familiar se intensificó desde los años 1980. El 10 por ciento más rico en 1983 controlaba 68.2 por ciento de la riqueza total de Estados Unidos. Ya en 2007 ese control pasó a 73.1 por ciento. La inequidad siguió en aumento por género, raza, edad y educación.

El empeoramiento de la desigualdad con Trump a poco menos de un año en el poder no sólo es notable, sino que también alienta el rechazo de su base electoral al crecer la disonancia cognoscitiva ( Festinger 1957) entre las arengas del magnate-candidato en pro de trabajadores y clase media y la inequidad del magnate-presidente cuya política fiscal agrede en los hechos a las familias de ingreso bajo y medio.

Para Bernie Sanders, quien en 2016 movilizó 46 por ciento del voto presidencial demócrata, el recorte de impuestos recién aprobado por el Senado “es una victoria para los mil-millonarios y un desastre para la población de Estados Unidos”. En entrevista transmitida por CNN Jack Tapper dijo a Sanders: “entiendo que usted no está de acuerdo con la nueva ley y ya que según el Tax Policy Center en 2018 esa ley otorgará recortes impositivos a 91 por ciento de los estadunidenses de ingresos medios ¿no es eso bueno?” Sanders respondió: “Si, desde luego que eso es bueno. Pero debieron haber hecho recortes impositivos permanentes. Lo que hicieron los republicanos fue hacer recortes impositivos permanentes para las grandes corporaciones mientras los recortes temporales fueron para la clase media”.

Citando al Tax Policy Center aludido por Tapper, Sanders le recordó que según esa fuente “al final de 10 años 83 por ciento de los beneficios irán en favor del uno por ciento de mayores ingresos y 60 por ciento de los beneficios van hacia un décimo de ese uno por ciento: En 10 años más de 80 millones de estadunidenses estarán pagando más en impuestos y como resultado de esta legislación más de 13 millones habrán perdido su seguro de salud (health insurance), los deducibles subirán y tendremos un déficit adicional de un billón 400 mil millones (1.4 trillion) de dólares como resultado de esta ley y Paul Ryan (vocero de la mayoría republicana en la cámara baja) andará por ahí diciendo: ‘debemos realizar recortes a los seguros de salud y médicos’. Para responder a su pregunta, ¿debemos hacer recortes según las necesidades de la clase media?’ sí debimos. Pero en esta legislación la masa de los beneficios es para las grandes y lucrativas corporaciones y para los mil-millonarios”.

Como se muestra en estudios del economista Mark Weisbrot del Center for Economic and Policy Research, Washington DC, los recetarios del FMI, para la población, sea de la Eurozona o de América Latina, fracasan. Son guerra de clase. En México, con un medio paramilitar alimentado por Estados Unidos y la NRA con armas de asalto, el recetario fondista (alza a tortillas y gasolinas) es materia de alto peligro. Ya la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito recordó que hay unas 6 mil 700 ventas de armas a lo largo de la frontera con México, fuente de un torrente anual de unas 730 mil armas ilegales. También en Estados Unidos el clasismo de Trump y las ventas de la NRA gestan alta explosividad. Montar otro crimen de lesa humanidad para revertir costos electorales es gasolina lanzada a un planeta en llamas.

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2018: el desenlace en Brasil

Emir Sader

América Latina tendrá varias elecciones presidenciales en 2018, entre ellas las de México, Colombia y Brasil. En el caso brasileño, debe representar el desenlace de la más profunda y prolongada crisis que el país ha vivido en toda su historia.

Iniciada a finales de 2014 cuando, derrotada por cuarta vez consecutiva en elecciones presidenciales y teniendo la perspectiva de tener que enfrentarse de nuevo con Lula en la elección siguiente, la derecha brasileña enveredó por el camino de una vía golpista.

Desde entonces, Brasil ha ingresado en la más larga y profunda crisis de su historia, con la desestabilizacion introducida por la derecha alargándose para el mismo gobierno instalado por el golpe. Fueron dos primeros años –2015 y 2016– de auge de la ofensiva de la derecha que logró tumbar al gobierno de Dilma Rousseff e instalar un gobierno que puso en práctica el ajuste derrotado en cuatro elecciones.

El resultado fue que 2017 se volvió un año de viraje en Brasil con el cambio de la agenda de la derecha –centrada en las denuncias de corrupción y los problemas del modelo económico del PT– para el retorno a la centralidad de las políticas sociales. Uno de los resultados de ese cambio fue el ascenso del apoyo a Lula y el desastre de todos los candidatos asociados al gobierno de Temer.

El 2018 se anuncia como el año de las nuevas elecciones generales. Comienza con la continuidad de los procesos judiciales en contra de Lula que, aunque sin ninguna prueba concreta, tratan de sacarlo de la disputa electoral. El 24 de enero se dará el juicio en segunda instancia, en Porto Alegre, de la primera condena de Lula.

Grandes movilizaciones son anunciadas para enero en todo el país, haciendo de ese mes uno más de la precampaña electoral de Lula, que debe ser condenado, pero sin que esa condena lo saque de la disputa electoral. Hay todavía una serie de recursos a otras instancias del Poder Judicial. 2018 será en Brasil una mezcla de batallas políticas, de masas y de peleas jurídicas.

Pero lo que es seguro es que el nuevo año será el del desenlace de la crisis política iniciada hace tres años. O, de alguna forma que todavía no se vislumbra cual sea, el régimen de excepción se alarga, consolidando el desmonte de Brasil como país, o se restaura la democracia con la elección de Lula de nuevo como presidente del país, retorna el modelo de desarrollo con distribución de renta, las políticas de inclusión social y la política externa de soberanía nacional.

De la forma que sea, Brasil decide su futuro por un tiempo largo en 2018. Un año decisivo para el país con consecuencias directas e indirectas en otros países del continente. Caso venza Lula, se frena la contraofensiva conservadora, que no ha dejado de ampliarse en 2017, en Chile, en Argentina, en Ecuador. La crisis brasileña llegará a un término, sea con la consolidación del gobierno de restauración neoliberal, sea con el retorno de gobiernos neoliberales.

Será un año más de tensión, de convulsiones, de escaramuzas cotidianas, entre el bloque de derecha y el bloque de izquierda. Brasil llegará a una nueva rebelión con el desenlace de la crisis, que ya se alarga por más de tres años, que ha devastado los derechos sociales conquistados en los 12 años de gobiernos del PT, suspendido la política externa soberana del país, excluido el pueblo de las decisiones y cerrado el ciclo democrático brasileño. Un desenlace democrático representará que ese periodo negativo será apenas un paréntesis superado por la capacidad de lucha de pueblo brasileño.

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Marichuy en la previsión del EZLN

Octavio Rodríguez Araujo

Me desayuné el primero de enero con una noticia publicada en Reforma: Prevé EZLN que Marichuy no alcance firmas. Al día siguiente leí el comunicado completo del subcomandante insurgente Moisés en la liga de La Jornada del 2 de enero y ahí se dijo que la gente debe organizarse para que pueda dar su gira en el país la compañera Marichuy y su Concejo Indígena de Gobierno, aunque no alcance las firmas para ser candidata. Esta aceptación no fue prevista antes, ya que se buscaron firmas, se quejaron de las fallas técnicas para registrarlas en teléfonos celulares (porque tenían que ser nuevos o porque no había señal), apelaron a que fueran aceptadas en papel, se formaron comités en diversos lugares con otras organizaciones no indígenas para conseguirlas, etcétera. Es decir, se movieron para obtenerlas y, como era de preverse, llevan muy pocas y no lograrán cumplir con el requisito. Es más, se señaló que quienes idearon las reglas de juego para la inscripción de los independientes eran discriminadores y hasta racistas, pero aun así se lanzaron al ruedo conociendo cuáles eran esas reglas. O se equivocaron en sus cálculos o les sobró optimismo pensando que lograrían las firmas para registrar a Marichuy.

Si quienes tienen recursos hasta para prestar no han logrado todavía cumplir los requisitos para ser candidatos independientes, ¿cómo se les ocurrió que Marichuy, con escasísimos recursos, podría cumplirlos y, además, en por lo menos 17 entidades de la Federación? Un gran error de cálculo y un desconocimiento absoluto de la realidad del país, de su distribución demográfica y de la cultura política dominante en la mayoría de la población.

Que lo hicieron para visibilizar a los olvidados de siempre, los indígenas del país, muy bien; pero tampoco lo han logrado, desgraciadamente, salvo para ellos mismos o entre ellos mismos y para quienes los han apoyado en sus luchas de siempre, hagan lo que hagan, bien, mal o regular. No conozco las cifras de la gente reunida en diferentes escenarios para apoyar la recolección de firmas en favor de Marichuy, aunque sí los resultados de dicho esfuerzo: al primero de enero Marichuy llevaba 128 mil 432 firmas y le faltaban 738 mil 161 (El Universal, 02/01/18). De La Otra Campaña, empero, sí supimos (gracias a la información de Hermann Belinghausen) las cifras de cada mitin del Delegado Zero (sic) y, por lo mismo, que su campaña no electoralista fracasaría –como en realidad ocurrió.

Debe quedar muy claro a mis lectores que no me alegra el previsible fracaso del EZLN-CNI y de su aspirante a candidata independiente. Más bien lo lamento, pues como están las cosas y las candidaturas partidarias (en realidad de coaliciones de partidos), una opción anticapitalista, de ser competitiva y con posibilidades de triunfo (que no es el caso), me daría ánimos para votar el próximo julio. Pero el tema no es cómo está mi ánimo a principios de este nuevo año en relación con las opciones electorales que se nos presentan, sino la impericia de quienes fueron un referente mundial hace 19-23 años (el EZLN de 1994 a 1998) y su incapacidad para escaparse de su sectarismo de corte anarco-indigenista que no estaba contemplado en su primeras Declaraciones de la Selva Lacandona. Todavía en la Quinta Declaración de la Selva Lacandona (1998) el EZLN decía: Los zapatistas hemos tendido un puente con otras organizaciones sociales y políticas, y con miles de personas sin partido, de todas hemos recibido respeto y a todas hemos correspondido. Este discurso cambió radicalmente en la Sexta Declaración. Ésta ya fue no sólo un deslinde de los partidos políticos (de todos, sin excepción) sino también un enfrentamiento con ellos, especialmente con el PRD y su candidato presidencial de 2005-2006. Y así se dijo en la Sexta: “invitamos a las organizaciones políticas y sociales de izquierda que no tengan registro, y a las personas que se reivindiquen de izquierda que no pertenezcan a los partidos políticos con registro, a reunirnos en tiempo, lugar y modo que les propondremos en su oportunidad, para organizar una campaña nacional, visitando todos los rincones posibles de nuestra patria, para escuchar y organizar la palabra de nuestro pueblo. Entonces es como una campaña, pero muy otra porque no es electoral.” (Las cursivas son mías). Con esa Sexta Declaración comenzó, más claramente que antes, el antipartidismo del EZLN y su aislamiento de otras fuerzas también antineoliberales que estaban marcadas por el pecado de tener registro como partidos políticos. Ese aislamiento, vale la pena recordarlo, derivó en una confrontación específica contra López Obrador. Marcos, en su última intervención en el coloquio en honor a Andrés Aubry (2006), se refirió a los seguidores de López Obrador como “las filas [de] las modernas ‘camisas pardas’ del lopezobradorismo”, es decir éste como nazismo, sin eufemismos (¿Y quiénes eran, en los delirios de Marcos, los judíos y los cristales rotos de sus tiendas víctimas del lopezobradorismo?)

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Ejército de EU, Gates y Monsanto detrás de transgénicos para extinguir especies

Silvia Ribeiro*

Mediante pedidos de acceso a información pública, un grupo de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Red del Tercer Mundo y el Grupo ETC, obtuvo más de 1200 correos electrónicos de investigadores de universidades públicas de Estados Unidos que revelan que el Ejército de ese país es actualmente el principal financiador global de la controvertida tecnología de impulsores genéticos –gene drives en inglés (https://tinyurl.com/ybusbtxq). Se trata de una forma de ingeniería genética para engañar las leyes de la herencia, de forma que un rasgo transgénico se trasmita por fuerza a toda la descendencia de plantas, insectos o animales. Se propone para extinguir especies enteras consideradas plagas, como mosquitos, ratones y malezas. Entre los consultores del ejército sobre esta tecnología aparece un alto ejecutivo de Monsanto. (http://genedrivefiles.synbiowatch.org/)

La tecnología entraña enormes riesgos para la naturaleza y las personas, ya que eliminar totalmente una especie tendría impactos sobre muchos otros elementos del ecosistema. Es la primera vez que se desarrollan organismos manipulados con ingeniería genética (en este caso con la tecnología CRISPR-Cas9) para manipular la vida silvestre. A diferencia de los transgénicos cultivados –que aunque contaminan otras plantas, hay que sembrarlos y encuentran algunas barreras evolutivas naturales– los organismos con impulsores genéticos están intencionalmente diseñados para reproducirse y diseminarse agresivamente en la naturaleza, trasmitiendo a toda su progenie el rasgo transgénico (no en 50 por ciento como sería normal). Con pocos individuos manipulados se podría afectar toda una población o hasta una especie entera. Si eso fuera posible ¿quién puede definir qué especies son dañinas y deben ser eliminadas? Para Monsanto, por ejemplo, todo lo que no sean sus propias semillas en el campo, son plagas. Para los campesinos y la agroecología nada sobra y todo es parte de una totalidad funcional que debe estar equilibrada para que no se convierta en plaga.

Pensar que esta tecnología tan riesgosa está en manos de una trasnacional que sólo piensa en el lucro es muy preocupante. Saber que esta tecnología se desarrolla a partir de intereses militares de Estados Unidos es aterrador y debería motivar su inmediata prohibición. Por estas preocupaciones, 160 organizaciones de todo el mundo plantearon en el Convenio de Diversidad Biológica en 2016, durante su reunión en Cancún, México, que se debía establecer urgentemente una moratoria. (https://tinyurl.com/yakgwsbz)

Los correos obtenidos muestran también que la Fundación Bill y Melinda Gates, el más importante financiador privado de esta nociva tecnología, pagó 1.6 millones de dólares a una organización de cabildeo –Emerging Ag– para descarrilar la aprobación de la moratoria sobre impulsores genéticos en el Convenio de Diversidad Biológica (CBD) en su 13ª. reunión en Cancún, y para promover que 65 científicos y funcionarios favorables a la tecnología, actuaran como asesores independientes en los foros y otros trabajos actuales del CBD en este tema. (https://tinyurl.com/ycnadxqj) Algunos de estos investigadores fueron aceptados en el Grupo de expertos del CBD sobre biología sintética (AHTEG), sin declarar que están pagados para desarrollar la tecnología, incluso por agencias militares estadunidenses. La Fundación Gates y los institutos de Salud de Estados Unidos han invertido 75 millones de dólares en el proyecto Target Malaria, que propone extinguir el mosquito que trasmite la malaria con esta tecnología.

El ejército de Estados Unidos, por medio de su Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada para la Defensa (DARPA, por sus siglas en inglés) creó el programa Safe Genes, que está enfocado a la edición genómica, principalmente en impulsores genéticos, tanto para desarrollar usos benéficos, como para atender potenciales preocupaciones de salud y seguridad por su mal uso intencional o accidental. Según revelan los correos obtenidos, la agencia estaría financiando proyectos y varios investigadores por hasta 100 millones de dólares. Anteriormente ya se conocía que financiaba siete proyectos por 65 millones de dólares. (https://tinyurl.com/yc5s7oed). El dato nuevo no es solamente la mayor cantidad de dinero, sino que DARPA está financiando proyectos y/o investigadores en todas las instituciones que trabajan con impulsores genéticos, no sólo en Estados Unidos, también en Australia y Reino Unido, algunas de las cuales planean hacer ensayos de campo en países africanos. Estos ensayos serían a su vez parte del programa Target Malaria financiado por la Fundación Gates. El involucramiento militar coloca el experimento –ya señalado como de alto riesgo– bajo una óptica geopolítica nueva y muy preocupante. DARPA financia también a los dos laboratorios que tienen las patentes mundiales sobre CRISPR-Cas9 (en UC Berkeley y Harvard/MIT), además de ser el financiador del proyecto GBIRD (Biocontrol genético de roedores), coordinado por una ONG conservacionista, que trabaja en crear ratones que no puedan procrear hembras, para extinguir la especie.

Hasta ahora, el argumento de sus proponentes es que la tecnología se desarrolla para fines de conservación o salud, pero ha eludido la discusión de que la misma tiene además usos hostiles y militares. Aunque DARPA asegura que su proyectos son para defensa, la línea entre uso hostil o defensivo es virtualmente inexistente: es la misma tecnología. Lo cual la convierte en una amenaza inaceptable y reaviva la necesidad de medidas urgentes y enérgicas de parte de Naciones Unidas para prohibir su uso, lo cual quizá no pueda controlar su desarrollo militar que podría seguir en secreto, pero sí impedirá que se siga desarrollando por agentes públicos y privados.

*Investigadora del Grupo ETC

http://www.jornada.unam.mx/2017/12/09/opinion/023a1eco