martes, 12 de septiembre de 2017
El
titular de Hacienda entrega a los diputados la propuesta de paquete
económico
Anuncia
Meade recorte por $28 mil 300 millones al gasto en 2018
Roberto
Garduño y Enrique Méndez
Periódico
La Jornada
Sábado
9 de septiembre de 2017, p. 9
El
secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, entregó ayer
a la Cámara de Diputados la propuesta de paquete económico 2018
que, expuso, busca dar una señal sobre el manejo de las finanzas
públicas para un año en el que se anticipa que el entorno externo
continuará generando incertidumbre, en especial por la renegociación
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Para
la dependencia a su cargo, si bien las conversaciones con Estados
Unidos y Canadá han tomado un cauce deseable e institucional para
actualizar el acuerdo, no se pueden descartar escenarios en los que
se posponga la renegociación si no se concluye de manera adecuada
antes de la elección presidencial en México o bien porque
finalmente Donald Trump decida salirse unilateralmente.
El
funcionario anunció un recorte de 28 mil 300 millones de pesos en el
gasto público y resaltó que se revisa si el sismo del pasado jueves
está dentro del polígono cubierto por el fondo catastrófico
contratado por el gobierno federal. Si es así, la cobertura es de
150 millones de dólares y se utilizará para la reconstrucción. En
cualquier caso, está el Fondo de Desastres Naturales y hay capacidad
de hacer frente a la contingencia, declaró.
Discusión
más allá de partidismos
Después
de entregar la caja con los documentos al presidente de la mesa
directiva de la cámara, Jorge Carlos Ramírez Marín, quien
comprometió una discusión más allá de cualquier partidismo por la
transición sexenal, Meade expresó que el desempeño económico para
2017, notablemente mejor al esperado al inicio de año por la
incertidumbre de las políticas de Trump y la mejoría en las
expectativas para el cierre del año, significa un llamado a
continuar la disciplina sobre la que se fundan los resultados.
Incluso
anticipó que al concluir el sexenio de Enrique Peña Nieto, la
inflación se ubicará en promedio en 3.9 por ciento, el promedio más
bajo en una administración desde la década de los años 70 del
siglo pasado. Además, citó que en el sexenio de Vicente Fox la
inflación fue de 4.9 promedio, mientras con Felipe Calderón fue de
4.9 por ciento.
Detalló
que se espera un tipo de cambio de 18.10 pesos por dólar, y resaltó
que el precio estimado de 46 dólares en el precio del petróleo de
exportación está anclado en la valoración de futuros, es razonable
y adecuadamente bien cubierto, por lo que no implica ningún elemento
de riesgo incluso si no se llegara a materializar esa cotización.
También
informó que en la ruta de reducir el saldo histórico de la deuda se
solicitó un endeudamiento interno neto hasta por 470 mil millones,
menor en 25 mil millones al techo solicitado este año, y un externo
de hasta 5 mil 500 millones de dólares, 300 millones menos en
comparación con el ejercicio fiscal en curso.
Sobre
los precios de los combustibles, indicó que si bien Hacienda ya no
los fijará, debido a la volatilidad se aplicará una política de
estímulos fiscales que suavice el movimiento del costo a los
consumidores para ayudar a una transición ordenada en el esquema de
precios libres y flexibles.
El
titular de Hacienda anticipó que los estados recibirán un
incremento de 28 mil 402 millones en el ramo 33, Aportaciones
federales, para un total de 686 mil 525 millones por ese rubro, y en
el ramo 28, Participaciones a entidades federativas y municipios,
serán 806 mil 517 millones de pesos.
Rechazó
que ese incremento tenga un objetivo electoral. El aumento a
participaciones es el que resulta de la mejor estimación de ingresos
tributarios, llanamente, sin ningún elemento que implique
suspicacia, afirmó.
http://www.jornada.unam.mx/2017/09/09/politica/009n1pol
Paquete económico 2018: la
misma receta
De nueva cuenta, el
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, incluido en el
Paquete Económico 2018, que fue sometido a consideración de la
Cámara de Diputados, ratifica la voluntad gubernamental de mantener
un modelo económico que incide de manera muy desfavorable en grandes
sectores de la población, especialmente en los de menores ingresos.
Cifra más, cifra menos, la propuesta presupuestaria del año próximo
afirma la tendencia a poner más atención en el pago de la deuda
pública, que en la inversión física indispensable para el
crecimiento y el desarrollo.
El progresivo endeudamiento
gubernamental –que comenzó en el pasado sexenio, pero se
incrementó aceleradamente en el actual– se ha convertido en un
problema que a esta altu- ra conspira claramente contra el buen
manejo de las finanzas públicas. A la caída en picada de los
precios del crudo y a la depreciación cambiaria que operó en contra
de nuestra moneda, se le sumó el costo de recorrer un camino que a
la larga sale caro: el de recurrir al financiamiento bancario para
salvar obstáculos coyunturales, sin tomar en cuenta las tasas de
interés impuestas por las instituciones crediticias, que
invariablemente se mueven al alza y convierten el pago de la deuda en
un proceso interminable.
La anterior no es una
afirmación gratuita: durante el primer tercio del año, por ejemplo,
los intereses sobre la deuda que el gobierno federal debió
desembolsar fueron casi 38 por ciento más que los pagados durante el
mismo periodo de 2016. Aumentaron los costos por el servicio de la
deuda externa, se incrementaron todavía más los de la interna, el
entorno financiero entró en lo que parece un incierto periodo de
volatilidad y las autoridades hacendarias se vieron –se ven– en
serios apuros para financiar el conjunto de la deuda.
La apuesta del gobierno, cada
vez que presenta sus paquetes económicos, es a favor de un
crecimiento de la economía que por distintas razones nunca alcanza
el rango de lo previsto por Hacienda; y así, como si se tratara de
la única solución posible, se cumple con el pago de la deuda a
costa de recortar una y otra vez rubros que resultan urgentes atender
y de escatimarle fondos a una inversión pública sin la cual
difícilmente se generen empleos y se estimule la productividad. Pero
lo que parece un ciclo determinado por factores que escapan al
control del gobierno es, en realidad, la aplicación deliberada de
una política que no prioriza (de hecho, a veces parece que ni
siquiera toma en cuenta) las necesidades que apremian a la mayoría
de los mexicanos.
En esa política se inscribe
también la reducción de fondos que el Presupuesto de Egresos 2018
contempla para los organismos que deben regular la participación del
sector privado en el área energética. Cuando más empieza a
manifestarse la actividad de las empresas extranjeras en esa área,
menos recursos se les entregan a las comisiones Nacional de
Hidrocarburos y la Reguladora de Energía, que en teoría deben
vigilar que las operaciones de dichas empresas se lleven a cabo de
manera transparente. Si en un mercado sometido a las presiones de la
liberalización (y ese es, precisamente, el caso del energético en
nuestro país) no se ejercen cabalmente los mecanismos reguladores
del mismo, no es raro que las grandes corporaciones involucradas
aprovechen para obtener más beneficios de los que legalmente les
corresponden. No se trata de un prejuicio contra la iniciativa
privada, sino de una realidad constatable en todo el mundo.
Como sea, si no se restructura
el gasto y se le da mayor preponderancia a la inversión pública
para la ampliación y construcción de infraestructura, no se atacará
uno de los problemas que contribuye a perpetuar la inadmisible
desigualdad que prevalece en la sociedad mexicana.
http://www.jornada.unam.mx/2017/09/10/opinion/002a1edi
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