Brasil 2018, el PT y Lula

Valter Pomar *

El resultado de la campaña por la libertad de Luiz Inacio Lula da Silva, la movilización social contra las medidas del gobierno golpista, las definiciones estratégicas que el Partido de los Trabajadores (PT) vaya a adoptar y el desenlace de la próxima elección presidencial van a decidir no sólo el futuro de Brasil, sino también del PT.

En 1960, el pueblo brasileño asistió a las urnas y eligió presidente. En 1964 se produjo un golpe militar. Uno de los motivos del golpe era impedir la posible victoria, en las elecciones presidenciales de 1965, de Leonel Brizola, líder del Partido Laborista Brasileño. Después del golpe de 1964 tuvimos 21 años de dictadura militar, durante la cual la presidencia de la república estuvo ocupada por generales. Fue en 1985 cuando un colegio electoral, compuesto por parlamentarios, eligió un mandatario civil, ex líder del partido que apoyó la dictadura.

Sólo en 1989 el pueblo brasileño reconquistó el derecho de elegir, mediante el voto directo, presidente de la república. En esos comicios de 1989, Luiz Inacio Lula da Silva, principal dirigente del PT, concurrió a la presidencia de la república por primera vez. Casi venció. Después perdió otros dos comicios, en 1994 y 1998. Sin embargo, Lula continuó participando y venció en las presidenciales de 2002 y 2006. Después, con el apoyo de Lula, Dilma Rousseff, también del PT, ganó los de 2010 y 2014.

Los sectores derrotados en las jornadas electorales de 2014, 2010, 2006 y 2002 no se conformaron con la situación y pasaron a articular un golpe de Estado. En 2016, sin que hubiera ningún crimen, una mayoría parlamentaria de centroderecha, apoyada por la cúpula de la justicia y las fuerzas armadas, el oligopolio mediático y el gran capital, aprobó un impeachment totalmente ilegal.

Desde agosto de 2016 la presidencia de Brasil es ejercida por el hasta entonces vicepresidente de Rousseff, un señor llamado Michel Temer, afiliado al partido Movimiento Democrático Brasileño (MDB). El gobierno golpista de Temer aplica un programa que destruye la soberanía y entrega las riquezas nacionales, desmonta los programas sociales, genera desempleo, acaba con los derechos laborales y reduce las libertades democráticas. Las encuestas revelan que el gobierno golpista de Temer es rechazado por más de 90 por ciento de la población del país. Y los sondeos de intención de voto apuntan que Lula es el preferido para ganar en las presidenciales de octubre de 2018.

Para impedir que esto ocurra desencadenaron una campaña de medios contra Lula y el PT, amenazan con cesar la leyenda del partido y procesaron y condenaron a Lula sin que hubiera pruebas. Ahora lo arrestaron.

La Constitución brasileña es clara: nadie puede ser detenido antes de ser considerado culpable por todas las instancias de la justicia. Hasta el momento, quienes condenaron a Lula, en un juicio lleno de irregularidades y sin pruebas, fueron jueces de primera y segunda instancias. En la justicia de Brasil existen tres instancias. Por tanto, según la Constitución brasileña, Lula no podría ser arrestado y ni siquiera podría ser considerado culpable. Pero la más alta Corte judicial del país ha dado su respaldo para recluir a Lula.

No es sólo Lula quien está bajo ataque. El PT, así como los movimientos sociales y demás partidos de la izquierda brasileña, también están siendo agredidos. Pero, aun si las encuestas siguen confirmando que Lula es el preferido para vencer en las presidenciales, los mismos sondeos confirman que el PT continúa siendo el partido que cuenta con la mayor simpatía del pueblo brasileño.

Por esto, si dependiera del sector que comanda el golpismo, Lula quedaría preso muchos años, siendo impedido de concurrir a los comicios y hacer campaña. Si ello ocurriera, las presidenciales tenderían a convertirse en fraude.

Hoy hay 21 precandidatos a la presidencia. De éstos, 16 apoyaron directa o indirectamente el golpe de 2016. Si Lula es candidato, la izquierda seguramente estará en la segunda vuelta. Pero si no es postulado, las encuestas indican que una candidatura de extrema derecha es la que tiene mayor posibilidad de estar en la segunda vuelta.

Frente a este escenario hay diferentes posiciones en la izquierda brasileña.

Un sector de ésta defiende participar en las presidenciales, sea por creer que la izquierda puede vencer y/o creer que las elecciones serían una oportunidad para dialogar con la población y acumular fuerzas.

Otro sector de la izquierda defiende que si Lula es impedido de concurrir como candidato e incluso hacer campaña, el resultado ya estará predeterminado y lo mejor será llamar al voto nulo.

Ningún sector de la izquierda defiende boicotear las demás elecciones –para diputados estatales y federales, para senadores y gobernadores–, que van a celebrarse simultáneamente a la presidencial.

La posición del PT, aprobada por su dirección nacional en diciembre de 2017 y reafirmada tras la detención de Lula, es la siguiente: él es nuestro candidato a la presidencia y será inscrito ante el Tribunal Superior Electoral en el plazo previsto por la ley, es decir, hasta el 15 de agosto.

A pesar de ser la posición del PT, hay importantes líderes petistas que defienden lo siguiente: si la candidatura de Lula es impugnada por la justicia electoral, el PT debería lanzar otra postulación e incluso apoyar una candidatura de otro partido.

El debate sobre la táctica electoral está vinculado, directa e indirectamente, con una discusión sobre la estrategia del partido. Desde 1995 el PT ha adoptado una estrategia que podemos denominar cambio sin ruptura. El supuesto fundamental de ésta es que la clase dominante brasileña respetaría las reglas del juego. Así, sería posible vencer en elecciones presidenciales y legislativas seguidas y utilizar los espacios institucionales para, de forma paulatina y progresiva, aumentar el bienestar social, ampliar las libertades democráticas y afirmar la soberanía nacional de Brasil.

El golpe de 2016 confirmó algo que sectores minoritarios del PT siempre dijeron: la clase dominante brasileña no aceptaría perder sus privilegios y, si fuera necesario, rompería con la legalidad.

Es lo que ha ocurrido en 2016 y la nueva situación exige al PT una rediscusión de su estrategia a medio plazo. Ésta puede llevar al PT a aceptar el nuevo statu quo. O puede llevar a ese partido a adoptar nuevamente la estrategia que defendía en los años 80: hacer cambios también mediante rupturas.

El desenlace de la campaña por la liberación de Lula, la movilización social contra las medidas del gobierno golpista, las definiciones estratégicas que el PT vaya a adoptar y el desenlace de la próxima elección presidencial van a decidir no sólo el futuro de Brasil, sino también el futuro del PT. Éste puede convertirse en un partido con un gran pasado por delante o puede continuar siendo la principal expresión política de la clase trabajadora brasileña.

* Ex secretario ejecutivo del Foro de Sao Paulo

http://www.jornada.unam.mx/2018/04/22/opinion/022a1mun

Mercadeo político entre candidatos y obispos

Bernardo Barranco V.

Fuera de los empresarios, ninguna institución tiene la capacidad de convocatoria como la exhibida por la jerarquía católica para reunirse con los candidatos presidenciales. Mostró músculo y ha sido ya, una constante en los anteriores procesos electorales. Entre el 13 y 14 de abril, los obispos tuvieron la privilegiada pasarela de presidenciables que ofrecieron durante media hora su programa y visión de gobierno para luego escuchar comentarios y preguntas de los prelados.

Desde los tiempos del nuncio Girolamo Priggione en la década de 1980, la jerarquía sabe bien que este es el momento de mayor debilidad de la clase política. Experimenta transiciones y agitaciones que sólo apaciguará sabiendo el resultado final del cómputo. Las elecciones recomponen la correlación de fuerzas, actores se realinean o cambian de bando, surgen nuevas camarillas y otras desaparecen. En suma, hay río revuelto. Y la Iglesia aprovecha las ansiedades y vulnerabilidad de los actores para insertar sus demandas, intereses y agenda. En 1988 se negocia con Carlos Salinas de Gortari las reformas constitucionales tendentes a su reconocimiento jurídico. Con Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, en 2011, se pacta la reforma al artículo 24 constitucional tendente a la libertad religiosa que a la postre levantó grandes polémicas y el resultado final no fue del agrado de la jerarquía. Las elecciones actuales no son sólo presidenciables, sino que están en juego miles de cargos públicos. ¡Vaya ejemplo están dando los máximos aspirantes políticos a los demás! Como veremos más adelante, el PRI oferta ahora modificaciones a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, a modo de los intereses de la Iglesia católica. Primero algunas consideraciones de los encuentros entre los candidatos.

1. Candidatos conservadores. Como pocas veces en la historia electoral, los candidatos a la Presidencia tienen un perfil conservador en materia moral. La mayoría se proclama católica y con diferentes tonos, asume la agenda de valores de la Iglesia en materia de aborto, sexualidad, familia, homosexuales y distancia a los matrimonios igualitarios.

2. Los prelados apoyan al obispo de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel. Frente al secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, los obispos cerraron filas en torno al polémico encuentro del obispo con capos de la Sierra de Guerrero. El apoyo fue total, pese al silencio mediático. Era de esperarse, el prelado se ha hecho eco de los planteamientos pastorales del papa Francisco: ser puente, tener la autoridad moral para ser interlocutor válido y gravitante para frenar la barbarie, así como proteger a la población en las zonas donde el Estado ha desaparecido y no ofrece las mínimas garantías de convivencia social. Francisco ha sido puente y protagonista del diálogo por la paz en Colombia, nada menos que con las FARC, tan repudiadas por un sector de la población.

3. Hermetismo mediático de los obispos en los encuentros con candidatos. Los encuentros con los candidatos fueron a puerta cerrada. Los reporteros de la fuente, literalmente fueron echados a la calle. No se les permitió el acceso ni siquiera al estacionamiento de la sede en Cuautitlán. ¿Transparencia, derecho a la información? Son obligaciones que deben cubrir otros actores e instancias, no la Iglesia.

4. Especulaciones y trascendidos del contenido de los encuentros. Como consecuencia de la restringida política comunicativa, la pasarela está expuesta a filtraciones de los propios obispos e interpretaciones de los mismos candidatos. Por ejemplo, José Antonio Meade declaró que su propuesta fue la que más agradó a los obispos. En cambio algunas filtraciones, señalan que la intervención de AMLO fue lenta y carente de chispa.

5. Intercambios y acomodos entre candidatos y obispos. Los obispos coinciden con AMLO sobre la crisis de valores. Sin embargo, tienen dudas de sus alianzas con el PES, partido de evangélicos. Su oferta de traer al Papa para abrir espacios de paz es un dulce. Es reconocer potencialmente el papel de mediación y puente de conciliación de la Iglesia ante conflictos, incluso locales, como ocurrió en Guerrero. Margarita Zavala, su desventaja ante los obispos no es ser la esposa de Felipe Calderón, sino que es mujer. Ante los prelados, ella misma mencionó que se desmarcó de muchos de ellos para enfrentar con mayor determinación a las organizaciones criminales y capos. Ricardo Anaya explicó detalladamente cómo el frente no incorporará en su programa de gobierno los temas del PRD, como el aborto, que afecten la agenda moral de la Iglesia. Meade es bien visto por los obispos, pero dudan que pueda afrontar a fondo la corrupción y ser factor ante la impunidad; sin embargo, la propuesta del PRI, como veremos, es tentadora para la clerecía.

6. El PRI propone reformas a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Llamó la atención que el mensaje de los obispos pusiera como primer apartado la libertad religiosa. Como anhelo inicial, los prelados plantearon, dentro del marco de respeto de los derechos humanos, profundizar “la libertad de conciencia y la libertad de religión… lo que implica una relación de colaboración positiva entre las iglesias y el Estado, enmarcada dentro de la llamada laicidad positiva”. Los obispos insisten en descalificar la concepción secular y liberal de la laicidad de herencia juarista. La laicidad positiva, por tanto, es una resignificación católica de un concepto ajeno al que revierten sus contenidos adecuando a los intereses de la institución. Es la laicidad clericalizada. Ahora entendemos por qué Meade declaró a la salida de la CEM: Me fue muy bien. Me llevo sus bendiciones. De manera sigilosa, sin debate, la bancada priísta encabezada por el mexiquense Carlos Iriarte, presentó un conjunto de reformas a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Según Javier Tejado Dondé, en su artículo Los guiños del PRI a la Iglesia, la iniciativa propone que las iglesias puedan expresarse más allá de los templos, derecho a la objeción de conciencia; adquirir y administrar bienes materiales sin el consentimiento de Gobernación; operar y administrar estaciones de radio y tv, así como obtener concesiones de telecomunicaciones, y recibir recursos para el sostenimiento de las asociaciones religiosas (El Universal, 17/4/18)

De confirmarse esta propuesta de reforma a la ley, sin duda, será un lance oportunista. Primero porque no hay tiempo para que pase al pleno para discusión en la actual legislatura. Segundo, levantaría un debate mediático descomunal, como pasó con el 24 constitucional en 2012, que evidenciaría el utilitarismo entre el PRI y el clero, crearía tal ruido que perturbaría el proceso electoral. Más bien, la propuesta de reforma es el equivalente a la tarjeta rosa, cuya señal sería la siguiente: señores obispos, si ganamos en 2018 y tenemos mayoría en la cámara, haremos efectiva la reforma. Apoyen al PRI, porque todos ganamos.

http://www.jornada.unam.mx/2018/04/18/opinion/018a2pol